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Santo Domingo, En República Dominicana, la promulgación de la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista, aprobada en 2023, representa un esfuerzo significativo por abordar las necesidades de esta población. Sin embargo, a dos años de su emisión, la implementación efectiva de esta normativa sigue siendo una promesa no cumplida.
A pesar de que el reglamento correspondiente fue emitido en 2024, la falta de asignación presupuestaria para las instituciones responsables ha impedido que la ley se ejecute en su totalidad en 2025. Este obstáculo financiero es solo una parte del problema, ya que la ley propone medidas avanzadas que requieren una infraestructura estatal aún inexistente en sectores clave como la salud, el trabajo y la educación.
El Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), encargado de coordinar y vigilar las políticas relativas al Trastorno del Espectro Autista (TEA), enfrenta limitaciones significativas en su capacidad operativa. A pesar de contar con un presupuesto de 321 millones 708 mil pesos para el presente año, más del 56% se destina a gastos administrativos, dejando menos del 44% para el apoyo a fundaciones privadas que suplen servicios esenciales que el Estado no ha logrado proporcionar.
En un intento por paliar estas carencias, el gobierno ha impulsado la construcción de Unidades de Intervención Terapéutica Territorial (UITT), la primera de las cuales fue inaugurada en el Ensanche Luperón, Santo Domingo. Este proyecto promete expandirse con otras 19 unidades para 2028, aunque aún no se ha establecido un cronograma claro para su desarrollo.
A pesar de estos esfuerzos, la realidad es que las familias de niños con TEA enfrentan largas esperas para acceder a servicios vitales. Los Centros de Atención Integral a la Discapacidad (CAID), que han atendido a más de 33 mil pacientes desde 2013, no logran cubrir la demanda creciente, con listas de espera que alcanzan los tres años.
La legislación vigente exige que el Estado garantice la cobertura de salud desde el primer nivel de atención, un mandato que hasta ahora no se ha materializado. En respuesta, asociaciones sin fines de lucro han recibido subsidios, como los RD$15,478,800.00 distribuidos entre diversas fundaciones en el último año, para hacer más accesibles los servicios terapéuticos.
En conclusión, aunque el marco legal está diseñado para ofrecer protección y garantías a las personas con autismo, la falta de planificación y recursos limita su efectividad. Ante esta situación, la presión social y el compromiso de las organizaciones comunitarias continúan siendo cruciales para avanzar hacia una verdadera inclusión y atención integral para esta población.
