Santo Domingo, – El economista y exministro de Hacienda, Juan Ariel Jiménez, reveló que la deuda pública consolidada de la República Dominicana ha aumentado en US$24,000 millones durante los primeros cinco años del gobierno del presidente Luis Abinader, pasando de US$50,000 millones en 2020 a US$74,900 millones en 2025, según datos oficiales de la Dirección General de Crédito Público.

Jiménez desmintió las declaraciones del presidente Abinader, quien afirmó que el 80% de la deuda adquirida por su gobierno ha sido utilizada para pagar compromisos de administraciones anteriores. Según el exministro, de los US$38,302 millones desembolsados entre septiembre de 2020 y agosto de 2025, US$17,660 millones fueron destinados a amortizar deuda anterior, mientras que US$18,991 millones corresponden a nuevo endeudamiento neto. Esto indica que solo el 46% de los recursos obtenidos se utilizó para refinanciar deudas previas, y el 54% se destinó a financiar nuevos compromisos.

Además, Jiménez señaló que la afirmación del presidente sobre la reducción de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) no refleja una mejora en la gestión fiscal, sino un efecto estadístico provocado por el crecimiento económico posterior a la pandemia. En 2020, con la economía cerrada por COVID-19, el PIB cayó y el indicador deuda/PIB se disparó a 56.5%. En 2021, al reabrirse la economía, el PIB aumentó y el indicador bajó a 50.4%, mientras que en 2024 se ubicó en 46.2%, reflejando el crecimiento del denominador, no una reducción real del endeudamiento.

El exministro también alertó sobre el déficit corriente que enfrenta el país, el cual ha sido negativo desde 2020, indicando que el Estado gasta más en operaciones diarias de lo que recauda. Este desahorro corriente equivale a endeudarse para financiar gasto corriente y no inversión pública, lo que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país.

Jiménez concluyó que, en lugar de utilizar los recursos obtenidos por endeudamiento para pagar deuda vieja, el gobierno se ha endeudado para financiar su gasto corriente, lo que ha deteriorado las finanzas públicas y comprometido el futuro económico del país.

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