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NUEVA YORK. – La Universidad de Harvard aseguró este lunes a la Administración Trump que continuará combatiendo el antisemitismo en su campus, tal como se le ha solicitado, pero rechazó aceptar las condiciones impuestas para evitar recortes de fondos federales, al considerar que estas violan libertades universitarias amparadas por la Corte Suprema.
En una carta dirigida a los miembros del Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo, creado por orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, los abogados de Harvard reafirmaron el compromiso de la institución con la erradicación del antisemitismo, pero dejaron claro que “no están dispuestos a aceptar exigencias que exceden la autoridad legal de esta o cualquier administración”.
La misiva responde a una comunicación previa del grupo federal, en la que se advertía que la universidad y sus filiales podrían perder hasta 9,000 millones de dólares en subvenciones públicas por presuntamente permitir la proliferación del antisemitismo sin una respuesta efectiva.
Harvard se convierte así en la segunda universidad objeto de medidas por parte del grupo. Anteriormente, la Universidad de Columbia sufrió la suspensión de 400 millones de dólares en fondos federales, medida que fue revertida tras aceptar una serie de condiciones impuestas por el Gobierno.
En su carta, Harvard destacó que ha implementado —y continuará implementando— cambios estructurales, políticos y programáticos “sólidos y duraderos” para garantizar un entorno inclusivo y de apoyo para todos los estudiantes. Sin embargo, lamentó que la carta del grupo federal ignore estos esfuerzos y, en su lugar, imponga condiciones que “en contravención de la Primera Enmienda, vulneran libertades universitarias reconocidas desde hace décadas por la Corte Suprema”.
El pasado viernes, la Asociación Americana de Profesores Universitarios, junto con su capítulo en Harvard, presentó una demanda para evitar que el Gobierno de Trump imponga restricciones a la libertad de expresión en el campus o exija una reestructuración de sus operaciones bajo la amenaza de recortes financieros.
Finalmente, la universidad advierte en su respuesta que “no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”. Y concluye con firmeza: “Ni Harvard ni ninguna universidad privada puede aceptar la intervención del gobierno federal. Por tanto, Harvard no suscribirá las condiciones del Gobierno como un acuerdo de principios”.
