Santo Domingo, 13 de junio de 2025 – El artículo 319 del Código Penal Dominicano establece que el homicidio involuntario, cuando es causado por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, se castiga con prisión correccional de tres meses a dos años.
Esta disposición legal ha cobrado relevancia tras la detención del propietario de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat, y su hermana Maribel Espaillat, quienes están siendo investigados por el colapso del techo del establecimiento ocurrido la madrugada del 8 de abril, hecho que dejó 236 muertos y más de 180 heridos, incluyendo al reconocido merenguero Rubby Pérez.
Según informó el Ministerio Público, los hermanos Espaillat incurrieron en una “inmensa irresponsabilidad y negligencia” al no realizar las intervenciones estructurales necesarias que habrían evitado la tragedia. La acusación formal señala que ambos sabían del deterioro del techo y no tomaron acciones correctivas, lo que los vincula con el delito de homicidio involuntario conforme al artículo 319.
El arresto se realizó luego de que fueran citados por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Los imputados se presentaron en la Procuraduría General de la República (PGR) acompañados de su abogado, Miguel Valerio, quien afirmó que la familia Espaillat ha colaborado plenamente con las autoridades.
En la solicitud de arresto presentada por el Ministerio Público ante el Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, también se alude a posibles intentos de intimidación a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que administraba el centro nocturno, y quienes podrían ser claves como testigos en el proceso judicial.
El Ministerio Público también cuenta con el informe técnico de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), que detalla las causas del colapso estructural.
Hasta la fecha, familiares de las víctimas han presentado más de 70 acciones legales contra los propietarios del local.
Los hermanos Espaillat serán presentados ante un juez de atención permanente del Distrito Nacional para el conocimiento de medidas de coerción.
